Persiste el descontrol en las zonas auríferas. “El Arco Minero como tal no existe. Lo que se hizo fue subirle el volumen a la anarquía minera, respaldarla, para de allí llevar oro al Banco Central de Venezuela, un oro manchado de caos y sangre”, sostuvo un trabajador minero del sur de Bolívar.

“¿Es este el futuro que queremos para nuestra región?”, preguntó el ingeniero Alfredo Rivas Lairet, una vez analizó las características de este modelo en el que el Estado juega un papel más activo, pero se repiten y acentúan los problemas sociales, territoriales y ambientales del viejo extractivismo.

Así como la masacre de Tumeremo, el Arco Minero del Orinoco cumplió un año de creación la semana pasada. Expertos en la materia minera y ambiental aseguran que el proyecto sigue siendo inviable, por las consecuencias ambientales y sociales que implica y la falta de seguridad personal y jurídica en la dinámica económica y política nacional.

A un año de la muerte violenta de la activista indígena que se opuso a los proyectos inconsultos que afectaron a las comunidades aborígenes de su país, Honduras, defensores de derechos humanos alertan las similitudes del caso con el AMO.

“El deterioro del ambiente en el sur del Orinoco está avanzando con o sin Arco Minero”, aseguró el diputado Américo De Grazia.

Provea, Grupo de trabajo sobre Asuntos Indígenas y Laboratorio de Paz consignaron el documento de 25 páginas que explica pormenorizadamente los daños ambientales y la población indígena que implicaría el desarrollo de este plan minero.

Tres organizaciones de derechos humanos señalaron, en la víspera de este 12 de octubre -Día de los Pueblos Indígenas-, que el Gobierno miente al afirmar que ha hecho “consultas” para implementar Arco Minero del Orinoco. Demandan realizar consultas a indígenas y presentar estudios de impacto ambiental y sociocultural.

Las Claritas, municipio Sifontes del estado Bolívar, es quizá el único pueblo en Venezuela donde hay prosperidad y donde más de 400 personas han llegado mensualmente este año. El efectivo no escasea, tampoco la comida y hay trabajo por más de tres salarios mínimos a la semana, pero también está el sindicato que controla el negocio y la seguridad en una zona ofrecida por Nicolás Maduro a una transnacional que le ganó una demanda a la Nación, Gold Reserve.

El Estado asegura estar realizando el trabajo de seguridad con la militarización de algunos yacimientos, con la incursión de la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP) a las minas y el Arco Minero. Con ello esperan erradicar tanto la minería ilegal como los grupos armados.

 Los parlamentarios investigan en el estado Bolívar las consecuencias de la implementación del megaproyecto minero que el Gobierno ha diseñado en medio de la peor crisis económica del país.

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