Pese al bloqueo de la Asamblea Nacional, a través del TSJ, diputados defienden sus funciones legislativas con miras a contar con un entramado legal aplicable una vez restituido el Estado de derecho.

La ONG Transparencia Venezuela inició una serie de conversatorios en todos los estados del país en los que tiene presencia, con el propósito de establecer un acercamiento entre la ciudadanía y los diputados de la Asamblea Nacional, para conocer los temas tratados en el año legislativo, cómo se abordaron y qué se logró.

“La idea es abrir un canal con los diputados y la colectividad, intercambiar información, aceptar sugerencias, hacer propuestas, de forma que se mantenga la imagen del diputado como algo importante, porque la gente ha ido perdiendo perspectiva sobre qué hacen los diputados y en qué andan, comprendiendo que están en una situación diferente a la que pudieron tener hace cinco años”, señaló Alba Perdomo, coordinadora de Transparencia Venezuela en Bolívar.

El diputado suplente por el estado Bolívar, José Ricardo Salazar, recordó que a propósito de esta iniciativa de Transparencia Venezuela, el Parlamento cuenta ahora con una aplicación descargable en Google Play y App Store, llamada Mi Asamblea, donde se establece la agenda de actividades legislativas.

Con respecto al balance 2018, afirmó que se trató de un año más de violaciones constitucionales por parte del régimen de Nicolás Maduro, aunque aseveró que frente a toda esa situación, “la asamblea se ha mantenido trabajando, cumpliendo el rol que le corresponde dentro de lo que establece la Constitución”.

Entre otras tareas, rescató los debates en asuntos relevantes en el país, control del gasto público que se realiza a través de cada una de las instituciones del Estado; proyectos de ley, como la de pensiones no contributivas, para aquellos que no estuvieron trabajando y puedan obtenerla; la Ley de recuperación de capitales producto de la corrupción, la cual está en segunda discusión; ley de semillas y ley de repatriación, entre otras.

La estrategia del Parlamento, acotó, ha sido dejarlas en segunda discusión y no publicarlas, pues una vez aprobadas, sale una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que anula el proceso.

Investigaciones sobre corrupción

Salazar destacó también las investigaciones en torno al exacerbado gasto público, con las cuales se ha descubierto la trama de corrupción en el manejo de los fondos públicos en estatales, entre las que sobresale Pdvsa.

“Hemos contribuido con investigaciones internacionales, como el caso de Pdvsa, donde desde la Comisión de Contraloría suministramos información a órganos de control en Estados Unidos, y se establecieron sanciones (...) nos ha correspondido ejercer un poder legislativo en unas circunstancias muy particulares, estamos en presencia de un régimen tirano y totalitario que se aferra cada vez más al poder, arremetiendo contra todos los derechos”, agregó Salazar, al tiempo que destacó que la Asamblea Nacional es el “único órgano con legitimidad de origen, electa en elecciones en 2015”.

Según el exministro Jorge Giordani, fueron aproximadamente 300 mil millones de dólares los que el régimen desfalcó a la Nación por medio de la corrupción. El diputado mencionó que en la investigación que involucró a Rafael Ramírez con el caso de corrupción en Pdvsa, el desfalco asciende a 12 mil millones de dólares; a los que se suman 70 mil millones de dólares por la crisis del sector eléctrico; y alrededor de 10 mil millones de dólares comprometidos en alimentos de Pdval.

“Normalmente el mecanismo aplicado son funcionarios que administran recursos (en empresas) como Pdvsa o Corpoelec, que al no tener ningún tipo de fiscalización ni sanciones por parte de las instituciones que les corresponde, en este caso la Contraloría y el Ministerio Público, desvían fondos en coordinación con nuevos empresarios privados, que son los testaferros y van a tener a cuentas internacionales”, puntualizó Salazar.